La meta final

Posted on septiembre 9, 2013. Filed under: Actualidad | Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

001_SepLa recepción de facturas en las administraciones públicas tendrá que ser telemática a partir de 2015

La meta final

En el control de pagos, abonos y saldos pendientes, la informática ha evolucionado hacia el cuadro de mando. En una pantalla tienes constancia de todo, así como los motivos por los que determinada factura no ha sido abonada. La ley establece el pago en 90 días, aunque, según la entrada en vigor de la Ley de Morosidad, en el 2013, las empresas privadas tienen que abonar sus facturas pendientes en 30 días. De la misma manera, las administraciones están sujetas al obligado cumplimiento de ese plazo, aunque siempre y cuando esté conforme el documento y el trabajo realizado. En el desarrollo de los llamados sistemas de información virtuales, el resumen de procesos y análisis de datos nos lleva al control absoluto. Nada se escapa. Es como si visualizarás un documento con todas las incidencias, los motivos y los deberes para los próximos meses. De esta manera, la Inteligencia de Negocio (BI) formará parte de una de las herramientas que lograrán el cruce de datos, acercarnos a los motivos y la toma de decisiones, por lo que si implantamos una sociedad digital, el estudio de los procesos requerirá un papel especial en todo el proceso de adaptación. Por otro lado, la implantación de la factura electrónica en las administraciones públicas permitirá facilitar la compensación de deudas mutuas entre los proveedores y la administración, un proceso que hasta ahora era más complicado y que se agilizará al existir un registro telemático de toda la información y al compartir esta información todos los organismos de la administración, según las fuentes analizadas. Es decir, si un proveedor quiere cobrar de un ministerio, pero a su vez adeuda una cantidad a Hacienda del Estado, será más fácil compensar ambas deudas. Así lo ha explicado la subsecretaria de Estado de Hacienda, Pilar Platero, quien ha explicado el proyecto de ley de factura electrónica que se encuentra ya en el Congreso y será aprobado antes de fin de año.

El nuevo procedimiento de tramitación de facturas arrancará el uno de enero de 2014, aunque la obligación de utilizar facturas electrónicas se retrasa al uno de enero de 2015, para dar tiempo a todos los proveedores a adaptarse (será obligatorio para todas las facturas superiores a 5.000 euros).

Hacienda calcula unos ahorros de unos 51 millones de euros sólo en la Administración General del Estado cuando todo el proceso esté implantado, además de 2,3 millones de ahorro en papel. A esta cantidad se podrá sumar la que ahorren a su vez las Comunidades Autónomas y las entidades locales, obligadas igualmente a implantar este sistema.

Todas las facturas tendrán un mismo punto de entrada, bien estatal, autonómico o local. Una Orden Ministerial fijará los formatos de las facturas electrónicas, idénticos para todo el país, y los proveedores podrán registrarlas. A partir de ese momento, quedará constancia de la fecha de entrada y empezará a contar el tiempo para que la administración salde su deuda.

Platero ha explicado que la administración deberá sin embargo confirmar y aceptar esa factura, estar de acuerdo con su contenido, un proceso que podría ser utilizado para demorar el pago. Para evitarlo, el sistema tendrá unas alarmas que alertarán del retaso y cada tres meses, además, se realizarán informes.

Esta normativa está a su vez conectada con la aplicación de la legislación contra la morosidad, en la que el Gobierno ha introducido además procedimientos coercitivos para las administraciones que no paguen en plazo sus facturas.

Platero ha subrayado también que esta será una importante herramienta contra el fraude, al compartir la información todos los organismos de una misma administración. La otra cara de esta misma moneda, ha dicho, es la mencionada facilidad para compensar deudas en el caso de un deudo de la administración a quien, a su vez, la administración le debe dinero por facturas en un cajón.

La obligación de la factura electrónica permitirá aspectos como que los órganos de contabilidad de cada administración tengan un conocimiento inmediato de la realidad patrimonial con menor desfase temporal o que se mejore la fiabilidad de las cuentas públicas, al mejorar los controles a efectos de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria. También hará posible que se pueda efectuar un seguimiento de los períodos medios de pago a los efectos de cumplir con la limitación de la normativa anti-morosidad.

De cara a los particulares, al poder hacer un seguimiento del proceso que está siguiendo su factura podrán organizar mejor su tesorería y a su vez sus pagos.

Fuente:

Agencia de Noticias.

Jorge Hierro Álvarez

 

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